LA EXPEDICIÓN DE HENRY A. CRABB A SONORA
(Por Laureano B. Calvo)
No me referiré en este modesto estudio a los hechos ya
conocidos que culminaron con la ejecución de Henry A. Crabb y sus compañeros de
aventura durante los primeros veinte días del mes de abril de 1857, sino a los
antecedentes de aquella expedición, pues según la filosofía no hay causa sin
efecto, ni efecto que no provenga de una causa. La expedición de Crabb a Sonora
en el año de 1857 solo fue el efecto o la consecuencia de una causa anterior, y
es a esa causa a la que me voy a referir.
Para mejor entendimiento del lector, conviene bosquejar el panorama político que representaba para el Estado a principios del año de 1856, y para ello, debemos retroceder hasta la fecha en que se prestó el Juramento de adhesión al Plan de Ayutla hecho en las poblaciones principales de nuestra Entidad. Este acto se verificó en la ciudad de Hermosillo el día 01 de septiembre de 1855 con asistencia del señor General de Brigada Don Pedro Espejo, Gobernador y Comandante General del Departamento de Sonora; del señor General de Brigada Don José María Yáñez, con arraigo en dicha ciudad debido al proceso que se le instruía por orden del Presidente López de Santa Ana después de su brillante triunfo en Guaymas; del comandante de batallón don Jesús García Morales, Prefecto del Distrito, y de todas las autoridades civiles y militares radicadas en el propio lugar, acordándose ratificar en su doble empleo al señor General Espejo por mientras el Gobierno Nacional haría la designación de Gobernador Provisional y Comandante General respectivamente.
Dos días más tarde, en la ciudad de Ures, capital del
Estado, la Junta de Autoridades tuvo lugar el día 3 del mismo mes de septiembre
presidida por el C. Máximo Salazar, Prefecto y Comandante Militar del Distrito
de Ures, y en ella se resolvió apoyar el nombramiento del señor General Yáñez
como Gobernador y Comandante General del Estado. El señor General Yañez, con
una dignidad y desinterés que mucho lo honra, se excusó de servir aquellos
empleos aduciendo su condición de procesado, pero insinuó la conveniencia de que
fuese designado en su lugar el señor Don Manuel María Gándara. La palabra del
General Yáñez era escuchada por los sonorenses en esa época como una orden
emanada de la Divinidad, y por consiguiente, desde ese mismo día el señor
Gándara asumió el mando político y militar del Estado.
En enero de 1856 el Gobierno Nacional hizo la
designación del Gobernador Provisional en favor del Lic. Don José María de
Aguilar y la de Comandante General en favor del General Espejo. Mientras tanto,
y de conformidad con el estatuto orgánico del Estado, habíase instalado el
Consejo de Gobierno bajo la presidencia del señor Don Ramón Encinas y este
cuerpo, con fecha 19 de febrero siguiente, impugnó a aquellos nombramientos
apoyándose en que dichos nombramientos habían servido al Gobierno del General
López de Santa Ana, el uno como Gobernador y el otro como Secretario de
Gobierno, e instó al señor Gándara para que continuara al frente de los dos
mandos como lo hizo según circular expedida el mismo día.
En la noche del 19 de marzo, el General Espejo fue
secuestrado, embarcado en Guaymas y hecho salir del Estado por orden del
Comandante General Gándara, quien se retiró desde luego a su hacienda de
Topahue y el 25 del propio mes el Lic. Aguilar asumió el poder Ejecutivo
nombrando su Consejo de Gobierno integrándose como sigue: Ignacio Pesqueira
(Primer Vocal), Francisco J. Aguilar (Segundo Vocal), Manuel Monteverde (Tercer
Vocal), Antonio Morales (Cuarto Vocal), José Escalante y Moreno (Quinto Vocal).
Con la deportación del General Espejo y la retirada del señor Gándara a su
hacienda, la Comandancia General de hecho se encontraba acéfala, y con ese
motivo, el día 2 de abril el coronel Pesqueira con su carácter de Ayudante
Inspector de las Colonias Militares de la Frontera, propone al Gobernador
Aguilar que asuma la Comandancia General contando con el apoyo de las fuerzas
coloniales a su mando. Ante esta actitud, el día 7 del mismo mes de abril el
señor Gándara nombró de Comandante General al Coronel Don Juan Espíndola,
comandante del V Batallón de línea que guarnecía las plazas de Guaymas y
Hermosillo. Este señor, el día 9 comunicó su nombramiento al coronel Pesqueira
excitándolo a que le diga si le reconoce o nó.
Sin esperar la respuesta, se ausenta de la capital y
el Gobernador asume el mando militar con aprobación del mismo Coronel Espíndola
en Hermosillo y de la guarnición en Guaymas. No obstante, el día 16 del propio
mes el Capitán Francisco Borunda a nombre de la guarnición de Hermosillo
desconoce la autoridad del Gobernador como Comandante General aduciendo ser
civil y marcha sobre la capital en actitud hostil incorporándose a los
contingentes auxiliares ya reunidos por Gándara en su hacienda de Topahue. En
tales condiciones, y ya para romperse los fuegos, llegó un correo extraordinario
de la ciudad de México trayendo la ratificación del nombramiento del Lic.
Aguilar como Gobernador Provisional y de Comandante General a favor del señor
Gándara, ascendido al grado de General de Brigada.
En esa virtud, el día 22 se celebró un convenio por
medio del cual los comandantes
auxiliares convocados ilegalmente por el señor Gándara deberían presentarse
otro día ante el Gobierno del Estado; se procedería al licenciamiento de las
fuerzas auxiliares y sería puesto a disposición del Comandante General el
depósito de implementos de guerra existentes en la capital. Sin embargo, no más
tarde que al otro día, el Comandante Gándara so pretexto de que el Gobierno del
Estado conspiraba en su contra, le fijó un plazo de tres horas para que
disolviera las tropas al mando del Gobernador a condición de que, de no
hacerlo, “emplearé la fuerza para lograrlo”. Hubo un intercambio de
comunicaciones en las que el Comandante General, con evasivas, inculpaba al
Gobierno del Estado de ser el responsable de aquella situación y por último,
por medio de un convenio que fue ratificado el 30 del referido mes de abril,
aparentemente se restableció la paz. Tal era la situación política que
prevalecía en Sonora cuando el 7 de mayo de 1856 se presentaron ante el
Gobierno del Estado Don Agustín Ainza y su hermano político Henry A. Crabb,
después de sostener una conferencia secreta con el Comandante General Gándara
en la Hacienda de Santa Rita, con la circunstancia muy significativa por cierto
de que el día 8 el señor Gándara se ausentó sigilosamente de la capital, y al
otro día en la noche, hizo salir el depósito de implementos de guerra
establecido en la citada capital dejando así al Gobierno del Estado sin un
soldado ni un fusil, puesto que conforme a lo pactado y haciendo confianza de
la buena fe de aquél, había disuelto sus elementos de Guardia Nacional y puesto
sus armas a disposición de la Comandancia General.
Don Agustín Ainza se acreditó como apoderado de la
Comisión establecida en la Alta California para colonizar la frontera de
Sonora; exhibió un documento en el que Don Jesús Islas, intitulándose Agente de
la Colonización, testificaba el préstamo de $12,978.55 pesos que la firma Ainza
Hermanos de San José California había hecho para la manutención y traslado de
los 500 sonorenses que formaban el primer núcleo de colonos, y manifestó que,
como la dicha expedición estaría para el día 15 de ese mes a orillas del Río
Colorado, la falta de recursos urgía que se le auxiliase a la mayor brevedad
evitando así que se desbandase con perjuicio grave de los proyectos de
colonización. Solicitó además el reembolso de la suma antes citada y el día 27
del mismo mes elevó por escrito esa misma representación insinuando la
conveniencia de que la Agencia de Colonización quedara a cargo de ellos en
California por ser personas de mucha relación en aquel país.
El Gobierno del Estado, aunque carecía de
antecedentes, pero tratándose de
sonorenses que regresaban a su tierra natal, inmediatamente creó Juntas
Principales de Auxilios en Alamos, Guaymas y Hermosillo y dio cuenta de todo al
Gobierno Federal , excitándolo a que le ayudase para salir de tan comprometida
situación. El Ministero de Fomento contestó el 30 de mayo diciendo que, aunque
el responsable de tal situación era el Agente de Colonización en California por
no haber dado aviso oportuno acerca de la extensión de terreno y la suma
necesaria para establecer a los colonos, como se le había prevenido, ya se
ordenaba a la Aduana Marítima de Guaymas pusiese a disposición del señor Ainza
la suma de mil pesos que se destinaría exclusivamente a la compra de
implementos de agricultura y el establecimiento de los inmigrantes en los
terrenos que el Gobernador tuviese por conveniente designar; que con respeto al
adeudo reclamado, debería presentar Ainza una distribución cargando a cada
colono en su presencia y con la intervención de un empleado del mismo Gobierno,
lo que en él se hubiere erogado para que ese adeudo personal fuese cubierto por
cada interesado en el término de cinco años. Quizá Ainza se le hizo muy dura
aquella nuez y optó por trasladarse a la Villa de Altar dizque a a esperar allí
a la expedición. Salió de Ures el 7 de junio pero para el día 20 el Gobierno ya
tenía noticias de la propaganda sediciosa que desarrollaba en los pueblos de su
tránsito para independizar al Estado y formar con él, Sinaloa y Baja
California, una nueva república que después propondrían en venta a los Estados
Unidos del Norte para lo cual contaba, según su decir, con el apoyo de los 500
emigrantes próximos a llegar y el de muchos adictos americanos y extranjeros
radicados en California. En vista de esto, el Gobierno giró una circular
reservada a los Prefectos haciéndoles saber los motivos que había tenido para
prestar su apoyo a los llamados agentes de colonización, y los que hoy tenía
para retirarles su confianza, ordenando al de San Ignacio se practicara una
investigación judicial para establecer el grado de responsabilidad de los
delincuentes.
Tengo a la vista las diligencias originales, pero de
ellas solo tomaré una de las declaraciones más importantes, la del señor
Joaquín Comadurán, vecino del Pueblo de Imuris, que en su parte relativa dice:
“dijo llamarse como queda dicho, soltero y mayor de 32 años; que estando al
habla en la casa de Don Hilario García, dijo Don Agustín Ainza a Don José María
Escalante hijo, “vamos a dar un paseo” y lleva a Comandurán. Salimos, él por
delante acompañado de los dos hijos de Hilarión, los alcanzamos y nos dirigimos
camino real por la cuesta que baja para Magdalena donde nos reunimos con Don
José María Michelena, Don Refugio Quiroga y Don Francisco del mismo apelativo;
estando todos juntos nos habló el señor Ainza que venía con objeto de
comunicarnos un proyecto, y era el de hacernos independientes de México para lo
cual había ya trabajado en todos los pueblos de Sonora, y que tenía ya firmas
de todos los principales del Estado y con recursos suficientes para dicha
empresa; que solo quería contar con nuestra opinión y que diéramos nuestra
firma a lo que le contestamos que no podíamos darla tan luego porque no
teníamos ningún antecedente sobre su propuesta; que nos mostrase las firmas que
tenía de todos los principales del
Estado para resolvernos. En estas circunstancias nos contestó que las
firmas no podía manifestarlas porque ya las había mandado para California; a
esto nos mostró una carta escrita de su puño la cual escribía a San Francisco a
su padre y hermanos en la que les decía que los que suscribían aquella éramos
conformes con sus ideas y esto es lo que quería que firmáramos. Todos nos
negamos y tratamos de separarnos porque conocíamos que su plática era muy larga y que su conversación parecía ya
estar fuera de juicio. Que cuanto se ha dicho es la verdad..
Con los vecinos de Magdalena y San Ignacio fue menos
explícito y estos le hicieron ver lo peligroso que era propagar esas ideas,
aconsejándole mejor que regresase para Hermosillo. Ignorando el Gobierno del
Estado cual había sido el paradero de nuestro tristemente célebre libertador,
por una instancia que él mismo elevó el 3 de julio se llegó a conocimiento que
se hallaba oculto en Hermosillo. En esa instancia manifestaba que, siendo
ciudadano americano, y nombrado por el Gobierno de California traductor
oficial, debería ausentarse del Estado a la mayor brevedad por lo que pedía que
el Gobierno de Sonora le extendiese una constancia para presentarla ante el
Gobierno Federal de que no había recibido ninguna suma a cuenta del adeudo
reclamado.
En contestación, el día 4 se ordenó al Prefecto García
Morales de Hermosillo que arraigara a Ainza en dicha ciudad y se le vigilase
estrechamente, por mientras se recibían informaciones mandadas practicar a
efecto de entonces proceder contra de él en forma legal; pero es el caso que, cuando aquella orden
llegó, el Prefecto ya había hecho su aprehensión y consignándolo al Juez de 1a.
Instancia fundándose en las noticias publicadas en el periódico oficial. Dicha
aprehensión se verificó la noche del mismo día 4 y en esa propia noche, Don Manuel María Gándara,
encontrándose en Hermosillo, dio la orden al Comandante Militar de la Plaza
para que prestara todo género de auxilios al Juez militar, capitán Juan B.
Navarro, a fin de que practicase sin dificultad las diligencias que se le
mandaba seguir en contra del referido Ainza y su cómplice, José María Escalante
hijo, presuntos responsables del delito de traición a la Patria.
El día 5 por la mañana el Capitán Navarro pidió al
Prefecto que pusiese a su disposición al reo Ainza y ordenase la aprehensión de
su cómplice, señor Escalante, en contra de quien poseía documentos fehacientes
de su criminalidad y lo pusiese igualmente a su disposición para instruirles el
juicio ordenado por la Comandancia General. El Prefecto le contestó que con
respecto a Ainza, estando ya bajo la jurisdicción de la autoridad judicial,
debería entenderse directamente con aquella autoridad si es que deseaba
entablar competencia; y que con respecto a Escalante, aunque detenido ya,
esperaba le pasara copia de los documentos que decía comprobaban su
responsabilidad, así como de la orden que lo facultaba para avocarse al
conocimiento de la causa, y en vista de ello, obsequiar sus deseos.
Fueron algunas las notas que sobre este asunto se
cambiaron entre ambos, y en la última de las cinco de la tarde del día 6, el
capitán Navarro termina: “por conclusión diga a VS el que se sirva poner a mi
disposición a Escalante como reo, excitándole también decirme si esta
Prefectura acata o no la Ley del 14 de enero citada, para en vista dar cuenta a
mi superior con lo practicado hasta aquí por este Juzgado”. El Prefecto, firme
en su determinación, concluye su respuesta de las cinco y medio de la tarde
como sigue: “... como en su contestación esperaba me insertara la orden que
autoriza a Usted para formar la correspondiente sumaria a los SS Ainza y Escalante
hijo, así como para pedirnos le sean entregado y no habiéndolo hecho, espero me
transcriba dicha orden para reconocer su carácter y como a tal dirigirme en lo
sucesivo reservándome para entonces contestar los demás puntos de su citada nota”. El Prefecto García Morales, para
proceder de esa manera, se apoyaba en el Art. 42 de la Ley de 23 de noviembre
de 1855 vigente y su enérgica actitud mereció la aprobación completa del
Gobierno del Estado. Ahora cabe preguntar: ¿porqué tanta insistencia del Comandante
General Gándara para que aquellos reos fueran puestos a disposición de una
pseudo autoridad judicial militar controlada por él?.
El día 9 del precitado mes, fue hecha la consignación
de Escalante al Juez de la 1a. Instancia y así trascurrieron los días hasta el
15, fecha en que, a deshoras de la noche, irrumpió en la capital una partida de
indios de Aconchi capitaneada por Don Manuel Dávila (a) “El Chapo”, quien
intitulándose Comandante Militar de la dicha Capital redujo a prisión al
Gobernador Aguilar y a otros funcionarios y empleados de su administración;
simuló una acta por medio de la cual se desconocía a las autoridades legítimas
y se nombraba Gobernador Provisional a Don Ramón Encinas. Conforme al Artículo
5o. de ese plan, se llamaría al General Yáñez a ejercer el Poder Ejecutivo del
Estado y según el 6o. se nombró Prefecto del Distrito a Don Jesús Morales. El
Ayuntamiento de la capital, al día siguiente, con excepción del regidor Don
José María Tamayo, se adhirió al pronunciamiento y el 17 don Ramón Encinas tomó
posesión en tanto que en Baviácora el Coronel Pesqueira, con su carácter de
Primer Vocal del Consejo de Gobierno, asumía el de Gobernador sustituto de la
entidad. Es de advertirse que el pretexto que se tomó para verificar este
atentado fue nada menos que la complicidad atribuida al Gobierno del Lic.
Aguilar por el Comandante General Gándara, en la conspiración de Ainza para
independizar al Estado inmiscuyendo además a otras personas, como Don Manuel
Iñigo, su aliado que fue en la guerra que sostuvo contra el gobierno del
General José Urrea (1842-1844) y padre político del propio Agustín Ainza, así
como a Don Fernando Cubillas, sobrino del señor Iñigo. A consecuencia del
pronunciamiento, Don Jesús García Morales fue sustituido en la Prefectura de
Hermosillo por Don Wenceslao Loaiza, y éste a su vez, por Don Manuel Alatorre.
Este señor, apoyándose en el articulo 2o. del Plan proclamado en la Capital el
15 de julio, destituyó como Juez de la Instancia a Don José Martínez y nombró
en su lugar a Don Francisco Islas, siendo éste quien, con fecha 30 del
multicitado mes de julio, dictó auto de libertad caucional en favor de Ainza
dándole oportunidad así para eludir el castigo que se había hecho acreedor.
Hasta aquí los datos concretos que he logrado reunir,
tras de una paciente labor de investigación; pero con el objeto de ligar estos
antecedentes a los hechos históricos de abril de 1857, solo diré que el
batallón de voluntarios organizados por Crabb, cuyo número de hombres no es
posible determinar, lo integraban tres compañías nombradas de Tuolome, “B” y
“C”, al mando respectivo de los capitanes McDowell, Holliday y Freman S.
McKinney; la expedición salió de San Francisco California el 21 de febrero y
arribó a la vanguardia al Fuerte Yuma el 2 de marzo; y por lo que hace a los
fines que traía, dejaremos hablar a uno de sus miembros, muy locuaz, autor de
un artículo que publicó “The California Cronicle” del 20 del mismo marzo en el
que dice: “... permaneceremos aquí (Fuerte Yuma) uno o dos días con objeto de
remudar nuestros caballos y mulas y luego tomaremos nuestro camino para Sonora,
donde estaremos estacionados uno o dos meses y entonces, entonces... dejo a
ustedes adivinar el resto. Las futuras generaciones nos bendecirán quizá como
lo hicieron con el Marqués Lafallete en la temprana historia de nuestra
gloriosa república y si no todos somos Lafayettes a todos nos gustaría
parecérnosle. El tiempo sin embargo dirá otras muchas cosas ignoradas de
nosotros, y si tenemos buen suceso en la colonización del territorio de la
Arizona, la fuerte probabilidad es que colonizaremos algo del país
inmediato...”. Así llegó, pues, el día 26 de ese mes, fecha en que Henry A.
Crabb suscribió en Sonoita su histórica carta de desafío al Prefecto de Altar y
el documento, muy tergiversado ya, por cierto, a consecuencia de reproducciones
imperfectas, nos dan los historiadores como primer antecedente de aquella
expedición.
L.B. Calvo, es encargado de la sección de archivo
histórico de la Biblioteca y Museo de Sonora.
Abril 11 de 1950